Los cargos de corrupción y fraude contra Neymar han sido retirados por los fiscales en España.
Los cargos se presentaron contra el delantero del París St-Germain y de Brasil y otros acusados en un juicio sobre su traspaso de 2013 del Santos al Barcelona.
Los fiscales habían solicitado inicialmente una pena de dos años de cárcel y una multa de 10 millones de euros (8,6 millones de libras) para el jugador de 30 años.
Pero anunciaron la retirada de los cargos “contra todos los acusados por todas las acusaciones” a las que se había enfrentado.
Los otros acusados en el caso eran los padres de Neymar, los dos clubes, los ex presidentes del Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, y el ex presidente del Santos Odilio Rodrigues.
Neymar, que negó las acusaciones, había dicho que no recordaba si había participado en las negociaciones. En 2011 se llegó a un acuerdo para su traspaso del Santos al Barcelona, que se completó dos años después.
La empresa de inversión DIS, que adquirió un 40% de los derechos de Neymar cuando tenía 17 años a cambio de 2 millones de euros, ha argumentado que salió perdiendo porque el precio del traspaso estaba infravalorado. El abogado de DIS, Paulo Nasser, afirmó que hubo clubes que ofrecieron hasta 60 millones de euros.
En el momento del traspaso de Neymar, el Barcelona dijo que la tarifa era de 57,1 millones de euros, de los cuales 40 millones de euros se pagaron a su familia; DIS recibió un 40% de los 17,1 millones de euros restantes que se pagaron al club brasileño Santos.
El futbolista brasileño perdió un recurso en la Audiencia Nacional en 2017, lo que hizo que el juicio fuera llevado por la fiscalía española.
DIS había pedido cinco años de cárcel para Neymar, así como penas de prisión para Rosell y Bartomeu, además de una multa de 149 millones de euros. La fiscalía pedía cinco años de cárcel para Rosell, más una multa de 8,4 millones de euros para el Barcelona, así como una condena de dos años para Neymar y 10 millones de euros de multa.
Sin embargo, Baker McKenzie, los abogados que representan a la familia Neymar, alegaron que los tribunales españoles “carecen de jurisdicción para procesar a la familia Neymar y a su empresa N&N” porque los hechos fueron cometidos por ciudadanos brasileños fuera del territorio español.
También señalaron que los supuestos delitos no eran punibles en Brasil.
