Una empresa de inversiones brasileña ha pedido que Neymar sea condenado a cinco años de prisión cuando sea juzgado la semana que viene por cargos de fraude y corrupción relacionados con su traspaso al Barcelona desde el Santos en 2013.
DIS, que era propietaria del 40% de los derechos del delantero brasileño en aquel momento, argumenta que salió perdiendo porque el precio del traspaso estaba infravalorado.
Neymar, de 30 años, ha negado las acusaciones, pero perdió una apelación en el Tribunal Superior de Justicia de España en 2017, lo que llevó al juicio a cargo de los fiscales españoles.
El jugador del París St-Germain tendrá que comparecer en persona para el primer día del juicio en Barcelona el lunes, dijo el tribunal, pero no está claro si se le pedirá que permanezca durante toda la audiencia que podría durar dos semanas.
Los otros acusados son los padres de Neymar, los dos clubes, los ex presidentes del Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, y el ex presidente del Santos Odilio Rodrigues.
Rosell también ha negado previamente cualquier infracción.
En un comunicado, Backer McKenzie, los abogados que representan a la familia Neymar, afirman que los tribunales españoles “carecen de jurisdicción para procesar a la familia Neymar y a su empresa N&N” porque los hechos fueron cometidos por ciudadanos brasileños fuera del territorio español.
También señalan que los supuestos delitos no son punibles en Brasil.
DIS adquirió un porcentaje de los derechos de Neymar cuando éste tenía 17 años, a cambio de 2 millones de euros.
El Barcelona dijo en el momento del fichaje de Neymar que el precio del traspaso fue de 57,1 millones de euros, de los cuales 40 millones se pagaron a su familia.
La empresa de inversión recibió un 40% de los 17,1 millones de euros restantes, que se pagaron al club brasileño Santos.
“Los derechos de Neymar no se han vendido al mejor postor”, dijo el abogado de DIS, Paulo Nasser, en una conferencia de prensa en Barcelona el jueves. “Hubo clubes que ofrecieron hasta 60 millones de euros”.
Además de la petición de cinco años de cárcel, DIS también solicita penas de prisión para Rosell y Bartomeu, y una multa de 149 millones de euros.
La fiscalía española pide dos años de prisión para Neymar y el pago de una multa de 10 millones de euros y cinco años de cárcel para Rosell, además de una multa de 8,4 millones de euros para el Barcelona.
El comunicado de Backer McKenzie añade que la familia Neymar ha sido acusada de “corrupción entre particulares”, que se aplica a la “competencia de productos y servicios entre empresas”, mientras que Neymar “no es un servicio ni una mercancía”.
Por último, el comunicado añade que el traspaso no ha infringido ninguna norma de la Fifa.
