Un tribunal de apelaciones confirmó hoy miércoles que ocho profesionales de la salud deberán enfrentar un juicio por la muerte de la leyenda del futbol Diego Maradona en 2020.
Los tres miembros de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, suburbio al norte de la capital argentina, ratificaron los cargos presentados por la fiscalía y avalados por un juez de primera instancia contra los imputados por el delito de homicidio con dolo eventual.
Los acusados, entre los que se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, son acusados de haber infringido los deberes que cada uno tenía a su cargo en los cuidados de Maradona cuando estaba convaleciente de una cirugía, conduciendo así a su muerte que, de lo contrario, hubiese podido evitarse.
Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras estaba internado en una casa alquilada en las afueras de Buenos Aires, Argentina, tras una cirugía en que se le extrajo un edema craneal.
El equipo de fiscales a cargo de la investigación, coordinado por el fiscal general de la localidad bonaerense de San Isidro, John Broyad, había solicitado en abril del año pasado al juez de garantías Orlando Díaz que los imputados fueran sometidos a juicio oral y público. El magistrado dio curso el pedido en junio.
Ayer, el tribunal de apelaciones rechazó los planteos de las defensas y ratificó la acusación.
A partir de este fallo, la justicia ahora debe fijar una fecha para el inicio del juicio, que se estima no empezará antes de 2024.
Si bien la autopsia concluyó que el ex capitán de la Selección de Argentina falleció por causas naturales, la justicia inició una pesquisa por impulso de los hijos del exfutbolista y convocó a una junta médica de expertos, la cual concluyó que el desempeño del equipo de salud fue inadecuado y temerario.
Además del neurocirujano Luque y la psiquiatra Cosachov, el equipo que atendió a Maradona estuvo integrado por el psicólogo Carlos Díaz, los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.
En caso de que un tribunal los encuentre culpables, los profesionales de la salud se exponen a penas de 8 a 25 años de prisión.
